El Presidente impugnó el proyecto que fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Nación porque no indica de dónde se obtendrá el dinero que, según se calcula, son unos 900 mil millones de pesos de acá a fin de año. De acuerdo con la ley 24.156 es obligación que toda ley que se apruebe autorizando “gastos no previstos en el presupuesto general, deberá especificar las fuentes de los recursos (el dinero) a utilizar para su financiamiento”. Para insistir y que quede definitivamente aprobada, ambas cámaras deberán aprobar nuevamente la ley con el dos tercio de los votos.
Luego de la masiva marcha realizada este miércoles, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobado por ambas Cámaras del Congreso. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria.
“Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″, dice el artículo 1° del decreto 879/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza.
La decisión de vetar estaba tomada por el presidente Javier Milei desde antes de que la propuesta para garantizar el financiamiento de las universidades se votara en el Congreso. El fundamento oficial para la negativa es que atenta contra el déficit cero. “El veto será total”, había anticipado el Presidente a través de su cuenta de la red social X, horas después de la aprobación por parte del Legislativo.
Ley que viola otra ley
Entre los considerandos del decreto, para fundamentar el veto, Milei señaló que la ley de financiamiento universitario “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Explicó que “el artículo 38 de la ley 24.156 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”, es claro al exigir de forma expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”.
También, Milei resaltó que “el propio reglamento de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación en su artículo 126 prevé que ‘todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión no sea subsanada, por el o los autores del mismo’”.
Pasos a seguir
De acuerdo con la Constitución Nacional, cuando el presidente de la Nación veta total o parcialmente una ley, la misma debe volver a la Cámara de origen, para que se convalide o se rechace y se insista con el texto original.
En tal sentido el artículo 83 de la Carta Magna nacional establece que “desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
En la Cámara de Diputados, que cuenta con 257 integrantes, para que la ley quede aprobada se necesitan 172 votos, y en el Senado, cuya totalidad alcanzan a 72 miembros, se necesitan 48.
“La responsabilidad del equilibrio fiscal”
También, entre los argumentos de su determinación el Presidente sostiene “que la administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”.
“La responsabilidad –añadió- asumida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía”.
Resaltó al asegurar que “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
Asimismo, explicó que “toda política de crecimiento debe basarse en el entendimiento de la actual situación, del estado de las cuentas públicas y de la previsión en los gastos e inversiones futuras, disponiendo de los escasos recursos existentes de forma responsable, sin comprometer el futuro de los argentinos”.
Los votos en el Congreso todavía no le favorecen al Gobierno
En la Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado de los diputados del Pro para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa. Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien recorre pasillos y despachos en busca de “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
El Poder Ejecutivo estiró por más de tres semanas la decisión luego de que la ley fuera aprobada con más de dos tercios de los votos en el Senado y llega muy cerca de cumplirse el plazo de diez días hábiles con los que se cuenta para rechazar la medida. No obstante, el Gobierno dilató el veto hasta después de la marcha con la intención de reducir la convocatoria de sectores críticos de la gestión libertaria y evitar conflictos.
El Presidente argumentó que para tomar la decisión, no se especificaron de dónde se obtendrían los recursos para aumentar el presupuesto de las universidades públicas de todo el país. La ley establecía la actualización por inflación del presupuesto para las casas de estudio con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo se habría aplicado de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
La postura presidencial fue ratificada este miércoles a la noche, horas después de finalizada la masiva convocatoria que congregó a organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales en todo el país, en la reclamaron por una recomposición salarial del personal universitario y por la promulgación de la ley de financiamiento que el Presidente ahora efectivamente vetó.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de La Libertad Avanza informó que seguía firme en su posición y definió a la ley en cuestión como “un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades”. En el texto, la Casa Rosada señaló que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos” y calificó a la marcha universitaria llevada adelante este miércoles como “una manifestación política”. Además, habló de la existencia de un acuerdo entre dirigentes de la oposición en contra del oficialismo.
